DESDE EL 1 DE FEBRERO SE MULTARÁ CON HASTA $5 MILLONES A LOS COMERCIANTES QUE NO INFORMEN PRECIOS TRANSPARENTES
El Gobierno oficializó la medida para transparentar los precios de compras, al contado y en cuotas, y aclaró cuáles serán las multas que correrán para los comercios que no cumplan con las nuevas medidas a partir del 1 de febrero próximo.
«Se prohíbe promocionar como sin interés la venta de algún producto que tenga algún financiamiento implícito y cualquier incumplimiento de esta medida que sea detectada por algún consumidor o inspector podrá ser sujeto a una multa, según la ley de defensa al consumidor, de hasta $ 5 millones», advirtió hoy el secretario de Comercio, Miguel Braun, al brindar detalles de la medida que se anunció ayer y que ya se publicó en el Boletín Oficial.
En ese sentido, dijo que, en caso de detectar irregularidades, los consumidores podrán «hacer la denuncia a la Dirección de Nacional de Defensa del Consumidor, a través del número 0800-666-1518, y se podrán aplicar multas de acuerdo a la ley de Defensa del Consumidor y de la ley de Lealtad Comercial de hasta $ 5 millones».
En la Resolución 51-E, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción detalló las normas que rigen para el comercio con el objetivo de impulsar una mayor transparencia en los precios y beneficiar al consumidor, a través de la obligación para los establecimientos comerciales de diferenciar el precio de contado de los productos del de cuotas, y explicitar el costo financiero total de la operación.
La medida para transparentar las compras en efectivo y con tarjetas había sido adelantada ayer por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, durante una conferencia de prensa celebrada en Casa de Gobierno.
En los considerandos de la Resolución 51-E, se destaca que «en la actualidad es frecuente la publicidad de venta de productos bajo la modalidad de cuotas ‘sin interés’, siendo esta modalidad especialmente atractiva para los consumidores».
En ese sentido, menciona que «el hecho de que no se diferencie el valor total de la suma de las cuotas del precio ofrecido por compra al contado, no implica que el costo de la financiación sea nulo», y que «en la estructura actual de financiamiento en cuotas, el costo financiero está implícito en el precio de los productos y servicios».
La Resolución 51-E sustituye el Artículo 4° de la Resolución 7 del 3 de junio de 2002 de la ex Secretaría de la Competencia, la Regulación y Defensa del Consumidor, por el siguiente: «Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el costo financiero total».
También se establece que «quienes comercialicen productos y/o servicios bajo la modalidad de venta financiada en cuotas no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial, televisiva o por internet, entre otras) la frase «sin interés» (o cualquier otra similar), cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor».
«Se entenderá que el costo de financiación ha sido trasladado al precio de venta al consumidor cuando el comerciante deba abonar el costo de la financiación a algún proveedor de servicios financieros de forma directa, o a través de un descuento en la liquidación de la venta», señala la norma.
Según Braun, la norma «obliga a explicitar el costo financiero total del financiamiento en cuotas», porque «hoy las cuotas se anuncian como sin interés, pero en realidad lo que sucede es que está inflado el precio al contado y hay un costo financiero que paga no sólo el que paga en cuotas, sino también el que paga al contado».
Braun afirmó que habrá inspecciones, y advirtió que si se detectan irregularidades un comercio «puede llegar a tener una multa de hasta $ 5 millones».
Para el funcionario, los precios «deberían bajar porque hoy el costo financiero de hasta 12 cuotas puede estar arriba del 25% en algunos casos», y aseguró que seguirán los programas Ahora 12 y Ahora 18, «sólo que ahora van a explicitar el costo financiero que tienen».
De igual modo, el ministro Cabrera dijo que los planes Ahora 12 y Ahora 18 se mantienen sin cambios y también deberán exhibir al cliente el costo financiero total en su comunicación y consideró que con esta medida «estamos recuperando el valor de la institucionalidad de la economía argentina. Durante años, en un contexto inflacionario, sin reglas claras, los perdedores fueron los consumidores. Luego de normalizar la economía y con la inflación en baja, el próximo paso es transparentar los precios al consumidor».
En este contexto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) apoyó la iniciativa y consideró que «otorga racionalidad al precio de venta y equipara la distorsión que se produce en el mercado por dicha situación».
A su vez, el vicepresidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Carlos Cappelletii, señaló como algo «positivo» la decisión del Gobierno «para transparentar los precios de compras en cuotas», y dijo que la medida «beneficiará a las pymes».
Fuente: Télam