Enviaron un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 páginas con fundamentos del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy.

Duro y tajante. Así es el tono en que el Gobierno respondió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la situación de la detención de Milagro Sala en Jujuy al evaluar que dejar en libertad a la líder de la agrupación Tupac Amaru «implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación» judicial que se le sigue por malversación de fondos y fraude en la cooperativa que tenía a cargo durante el kirchnerismo.

«Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria», fundamentó el Gobierno en su respuesta sobre la situación de la líder de la Tupac Amaru. Inmediatamente determinó que «la evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad [por Sala] en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación».

La Cancillería, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, elevó una respuesta a los órganos de la OEA y la ONU sobre la situación de Milagro Sala ante el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que determinó hace 20 días en un informe que la detención de la dirigente kirchnerista era «arbitraria» y había reclamado su liberación.

Según los escritos a los que accedió LA NACION, el Gobierno envió tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Grupo de Trabajo de la ONU un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 páginas con fundamentos de la detención de Sala del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy.

A la vez, en el informe enviado por la Cancillería invitó a los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU y de la OEA a visitar Jujuy «a efectos de tomar cabal conocimiento de todas las circunstancias que justifican la detención mientras se encuentran debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada».

El informe que envió el Gobierno a Washington y a Ginebra advierte con claridad que Sala «lejos sufrir una detención arbitraria como opina el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU, permanece encarcelada en función de un proceso debidamente acreditado donde justifica de modo razonable el riesgo procesal por colusión de testigos». También destacó que las premisas en las que se funda el razonamiento del Grupo de Trabajo «desatienden una serie de cuestiones fácticas esenciales para arribar a semejante conclusión», señala el escrito.

A lo largo de los informes de anexo que presentó la Cancillería se hizo un largo y detallado informe sobre el expediente judicial que avanza en Jujuy contra Sala donde señala que «se encuentra plenamente acreditado un millonario fraude a la administración pública operado con fondos destinados a la construcción de viviendas».

También detalla «la activa participación de Sala en un mecanismo por el cual la dirigente social, a través de pequeñas cooperativas, recibía recursos provenientes del Estado Nacional, y que por medio de mecanismos extorsivos conseguía que las mismas emitieran facturas por obras que jamás se hicieron».

Luego de esta respuesta, el Gobierno esperará ahora la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo a la vez que espera que con esta jugada se frene la embestida internacional que fue motorizada por las denuncias que hicieron el CELS y Amnistía Internacional ante organismos extranjeros por la situación de Sala.