La senadora nacional por Jujuy Silvia Giacoppo (UCR/Cambiemos) sostuvo que el Grupo de Trabajo de la ONU emitió  “sólo una opinión” y aseguró que Milagro Sala “no es presa política, ni está detenida de manera arbitraria”. “Está detenida conforme a derecho”, aseveró.

Consideró que dicha opinión “se basa en una información parcializada, que no responde a la realidad de los hechos y que no toma las denuncias posteriores a la detención de Sala” y añadió que “será la justicia en todas sus instancias la que determinen eso”. “El Grupo de Trabajo sostiene una mirada sesgada de la realidad y alejada del sentir de los jujeños. Quienes vivimos en Jujuy y sufrimos su  accionar sabemos de qué hablamos”, argumentó.

Giacoppo recordó que Sala “está imputada por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión” y puntualizó que “se la acusa de haber desviado y malversado caudales públicos destinados a la construcción de viviendas”.

“Esos delitos son de acción pública y por lo tanto deben investigarse de oficio”, remarcó e indicó que “está detenida, según lo establece artículo 319 del Código Procesal Penal de la Provincia de Jujuy,  ante la existencia de vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer su investigación”.

Enfatizó que “así lo determinó la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy, que encontró probada la existencia del peligro procesal”.

Por otra parte, advirtió que “muchos han planteado su caso como una persecución para intentar debilitar al Gobierno de la Provincia,  pero no han aportado ni una  sola prueba que  acredite  la violación de la  división de poderes”.

Observó que “ninguno de los jueces y fiscales que intervienen en las causas que involucran a Milagro Sala fueron designados por el gobernador Gerardo Morales, sino por  gobiernos  anteriores,  aliados de  la  dirigente” y aseguró finalmente que “Morales no sólo ha  respetado  la autonomía de estos funcionarios, sino que además tomó medidas sin precedentes en Jujuy a fin de fortalecer la independencia judicial”.